M6 - DERECHO PENAL Y SCIUD

La normativa relacionada con la Seguridad Ciudadana comprende los temas 22 al 28

El agente de policía local que deniegue a una persona una prestación a la que tiene derecho por ser marroquí podrá cometer:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 511. 1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue […]

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La mujer extranjera que se halle en la situación de víctima de violencia de género podrá solicitar autorización de residencia y trabajo:

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Artículo 31 bis. Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género o de violencias sexuales. 1. Las mujeres extranjeras, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en

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La delincuencia juvenil en España está legalmente encuadrada entre las edades:

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Artículo 1. Declaración general. 1. Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las

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La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, se refiere al delito de:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. CAPÍTULO VII De la malversación Artículo 432. 1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con

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La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase, se refiere al delito de:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. CAPÍTULO V Del cohecho Artículo 419. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio

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A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. CAPÍTULO I De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos Artículo 404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para

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Según la jurisprudencia y la doctrina, la seguridad ciudadana y la seguridad pública:

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. PREÁMBULO I La seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica. En este sentido, la seguridad

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Para que un atestado pueda considerarse prueba legítima de cargo en un procedimiento judicial, ha de:

La doctrina constitucional relativa al valor probatorio del atestado policial considera que «sólo puede concederse al atestado valor de auténtico elemento probatorio, si es reiterado y ratificado en el juicio oral, normalmente mediante la declaración testifical de los agentes de policía firmantes del mismo. En consecuencia, vulnera el derecho de presunción de inocencia la Sentencia

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El reo de detención ilegal que no de razón del paradero de la persona detenida será castigado con una pena de:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 166. 1. El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida será castigado con una pena de prisión de diez a quince años, en el caso de la detención ilegal, y de quince a veinte años

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