El requisito de forma más importante que debe cumplir un acto administrativo es la motivación. Se trata de la exigencia de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto administrativo. El ordenamiento jurídico impone que ciertos actos administrativos sean motivados; si tales razones no se incorporan al acto -aunque existan realmente- el acto adolecería de un vicio: la falta de motivación. La motivación suele consistir con la declaración de que se cumple el presupuesto de hecho que da lugar a la aplicación del acto administrativo, así como los preceptos que recogen el objeto del acto y las demás circunstancias relevantes para explicar la decisión administrativa. La motivación cumple una triple finalidad: Por una parte es un mecanismo de control del acto administrativo, pues al consignar en la motivación el fundamento del acto su destinatario puede oponerse al mismo destruyendo su motivación, esto es, demostrando la ilegalidad de las razones en las que la Administración fundamente el acto. En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que los actos administrativos carentes de motivación -cuando ésta resulte preceptiva- generan indefensión. Por otra parte, la motivación sirve asimismo para persuadir al destinatario de impugnaciones inútiles: cuando la motivación de un acto sea irrefutable, no se interpondrán recursos que a la postre resultarán inútiles. Finalmente la motivación justifica la actividad administrativa ante la opinión pública en general.
