Algunos de los procedimientos administrativos especiales ya no se regulan en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la Ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido, -según se expone en la exposición de motivos de la Ley-, a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas. Tampoco las reclamaciones económico-administrativas que se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.
