El presupuesto del delito de prevaricación (resolución arbitraria en un asunto administrativo, sabiendas de su injusticia) se desvanece al tratarse de un acto del legislativo, cuyos autores son parlamentarios. Asi se expresó el Tribunal Supremo en relación con un Decreto-ley del Gobierno andaluz que reguló la reordenación del sector público andaluz. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAFJA), que interpuso la querella, había argumentado ante el Tribunal Supremo que la Junta de Andalucía pretendía «colar por la puerta de atrás, a todo el personal no funcionario, que sin oposición, concurso o competencia presta sus servicios en los entes instrumentales de la Junta de Andalucía». Añadía que los fines eran los de «recolocar, revistiéndolos con el carácter de funcionarios públicos, y por tanto, ejerciendo potestades solamente reservadas a estos, a un número importante de trabajadores laborales». Sin embargo el Tribunal Supremo concluyó en un Auto que los hechos ni constituían prevaricación como tampoco ningún otro ilícito penal.
