El art. 439 C.P. establece que «la autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocioso actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años». Se trata de una negociación prohibida al funcionario en la que éste adoptaría una decisión influido por intereses económicos ajenos a los públicos o incluso motivado por la presencia de otra clase de intereses subjetivos (parentesco, amistad, etc.) instrumentalizando sus funciones para fines contrarios o distintos a los públicos.
