El artículo 38 de la Constitución condiciona el ejercicio de la libertad de empresa a las exigencias de la economía general y de la planificación. Las exigencias de la economía general serán las que, en definitiva, marcarán la actuación de los poderes públicos en la garantía de la libertad de empresa, sopesando igualmente la de determinados bienes o principios constitucionalmente protegidos, y, en su caso, la planificación general de la economía.
