La conducta típica en el delito de nombramientos ilegales consiste en proponer, nombrar o dar posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a una persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello. Se trata de una conducta realizada por un funcionario público, normalmente una autoridad con facultad resolutoria, que hace posible que, contrariamente a la Ley, acceda a la condición de funcionario un particular al que le faltan las condiciones necesarias. Finalmente, en relación con la pena aplicable, cabe señalar que en el delito de nombramientos ilegales regulado en el artículo 405 CP. tras la reforma introducida en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, se mantiene la pena de multa (de 3 a 8 meses) pero se aumenta la pena de suspensión de cargo público que pasa de 6 meses a 2 años, a 1 a 3 años.
