El deber de información del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto de las relaciones con las instituciones de la Unión Europea se proyecta, siempre que afecte al interés de Andalucía sobre «las iniciativas, las propuestas y proyectos normativos y las decisiones de tramitación en la Unión Europea» y sobre «los procedimientos que se sigan en los órganos judiciales europeos en los que España sea parte». A esta información puede responder la Comunidad Autónoma de Andalucía con observaciones y propuestas propias.
