La libertad de expresión que proclama el artículo 20.1.a de la Constitución es un derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que les protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la Ley, e incluso frente a la propia Ley en cuanto ésta intente fijar otros límites que los que la propia Constitución en sus artículos 20.4 y 53.1 admite.
