La protección civil es un competencia concurrente entre el Estado y las Comunidades Autónomas, como ha declarado el Tribunal Constitucional en varias sentencias, y que, además, queda de manifestó en la Ley 17/2015 y en los Estatutos de Autonomía recientemente aprobados en los que se confirma de manera expresa las respectivas competencias autonómicas, si bien, como es natural, con respeto de las propias del Estado y en colaboración con éste.
