De acuerdo con el art. 533 C.P. «el funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años». Por tanto, se trata de un delito especial, del cual tan solo puede ser sujeto activo quien ostente la condición de funcionario penitenciario o funcionario de un centro de corrección o protección de menores y obre en el ejercicio de sus funciones.
