El Defensor del Pueblo está legitimado para la defensa de aquellos derechos que, de acuerdo con el artículo 53,2 de la Constitución, quedan cubiertos por el recurso de amparo, es decir, el derecho a la igualdad de todos los españoles (artículo 14 CE), todos los derechos de libertad que se reconocen a la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I, de la Constitución, y el derecho a la objeción de conciencia reconocido en el artículo 30.
