La potestad legislativa no es exclusiva de las Cortes Generales. El Gobierno puede llegar a ejercerla bien por delegación de las propias Cortes (art. 82 de la Constitución), bien como consecuencia del despliegue de competencias propias (art. 86 de la Constitución), a través de Decretos-leyes. Aun así, frente al carácter amplio de la potestad legislativa de las Cámaras que solo encuentra su límite en la propia Constitución, el Gobierno tiene atribuida su competencia en el marco de condiciones limitadas y sometidas, en todo caso, a una ulterior convalidación del Congreso de los Diputados.
