La Constitución no incluye como causa de cese del Presidente del Gobierno el cambio o fallecimiento del Jefe del Estado. Ello viene a reforzar la idea de que el nombramiento del primero, que corresponde a este último, es un acto meramente formal, que el Rey tiene atribuido como símbolo o encarnación misma del Estado que es, correspondiendo el peso efectivo de dicho nombramiento al Congreso de los Diputados. Sin embargo, nada impide el que el Presidente, en uso de las facultades que le concede el artículo 101.1, pudiese poner su cargo a disposición del nuevo Jefe del Estado en tales circunstancias. Lo que sí es más dudoso es la posibilidad constitucional de que una dimisión de este tipo pudiese tener meramente el carácter de una cortesía hacia el nuevo Monarca y pudiese, por tanto, no ser aceptada por éste, dado que en nuestro sistema constitucional no existe vínculo fiduciario alguno entre el Rey y el Presidente del Gobierno y, por ello, en principio, el primero no puede rechazar nunca una dimisión formalmente presentada por el segundo, aunque quisiera dársele ese carácter de cortesía.
