Sobre el derecho a obtener copias por parte del interesado, el artículo 27.4 de la Ley 39/2015 dispone que «los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo«. El derecho a obtener copias de los documentos contenidos en los procedimientos por parte de los interesados se ejercitará presentando una petición escrita identificando los documentos que se deseen consultar. Si se desconoce la denominación exacta de los documentos existentes, se puede recabar previamente de la Administración la relación de documentos que se contienen en los expedientes para, posteriormente, solicitar el acceso a aquellos que se consideren oportunos. No se establece plazo para la contestación por parte del órgano administrativo ante el que se presenta la petición. Serán de aplicación, por tanto, la regla del silencio administrativo según la cual, ante la falta de plazo expreso, el plazo máximo para resolver la solicitud será de tres meses. No obstante, debe entenderse que el derecho a la obtención de copias de cualquier actuación y documento que obre en el expediente y que el interesado considere conveniente conocer para la defensa de sus derechos e intereses puede estar sometido a límites, en todos aquellos casos en que pueda comprometerse la averiguación de los delitos o la investigación de las infracciones, la seguridad o defensa del Estado y la intimidad de otras personas, o cuando afecten a cualquier información legalmente considerada secreta o reservada.
