El derecho a la vida que tutela el artículo 15 de la Constitución tiene el sentido primordial de una garantía frente al Estado, que obliga a éste a respectar y proteger la vida de todos. Sin embargo, no tiene el precepto constitucional el sentido de prohibir al individuo la facultad de libre disposición de su propia vida, de ahí que el suicidio intentado o frustrado no sea punible penalmente.
