El art. 416 C.P. exige que dicho particular esté «encargado accidentalmente del despacho custodia documentos, por comisión de gobierno o de las autoridades su función o funcionarios públicos a quienes hayan sido confiados por razón de su cargo», pudiéndose le exigir un mínimo deber de custodia. El artículo 414.2 del Código Penal en cambio, se refiere al particular que destruye los medios para impedir el acceso a los documentos sin atribuirle ninguna connotación pública. En este último caso, se puede afirmar que nos hallamos ante un verdadero sujeto privado al que no alcanza un concreto deber público de custodia. El Código Penal reconoce tal circunstancia, pues impone una pena inferior en el caso del art. 414.2 C.P.. una simple multa de seis a dieciocho meses, que en el art. 416 C.P., que aunque puede ser de multa puede llegar incluso hasta prisión.
