El art. 436 C.P. establece que «la autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años». Se trata del delito de fraude cometido por funcionario público en el que la conducta típica del funcionario puede consistir bien en concertarse con los interesados para así defraudar a un ente público, o bien en usar cualquier otra clase de artificios con la misma finalidad.
