En el caso español, la sanción y promulgación son actos regios de naturaleza debida u obligatoria, a diferencia de otras Monarquías, donde cabe la posibilidad de que el Rey imponga el veto suspensivo. Ello es así en virtud del artículo 91 de la Constitución, que obliga al Rey a sancionar y promulgar las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de quince días. El texto de la ley queda fijado por la aprobación de las Cámaras una vez concluidas todas las fases del procedimiento legislativo en sus diversas modalidades. Sin embargo, en el itinerario del proceso legislativo la sanción y promulgación son posteriores a la aprobación y previas, a su vez, a la publicación del texto legal en el Boletín Oficial correspondiente. Por tanto, la última etapa del procedimiento legislativo es la publicación de la Ley.
