El nivel de máxima garantía se aplica a aquellos derechos que, por su máxima importancia social y política, son dotados del mayor nivel de garantías, asumiendo el Estado respecto de ellos unos compromisos exigibles por el ciudadano. Dichos derechos son el principio de igualdad ante la ley (art. 14) y los incluidos en la Sección 1ª del Capítulo Segundo bajo la rúbrica de «Derechos fundamentales y libertades públicas». El derecho al secreto de las comunicaciones se encuentra recogido en el artículo 18.3 de la Constitución, es pues por lo tanto, uno de los derechos incluidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título Primero de la Constitución, lo que, sobre la base de su ubicación, significa que goza de las máximas garantías normativas y jurisdiccionales.
