La toma de posesión, aunque se suele realizar en el mismo acto que el acatamiento de la Constitución, se considera el último requisito formal de obligatorio cumplimiento para que se adquiera legalmente la condición de funcionario y quede formalizada legalmente la relación funcionarial. La toma de posesión determina la adquisición de los derechos y deberes funcionariales inherentes a la situación en activo, pasando, en el caso de la Administración local, a depender el funcionario de la correspondiente Corporación.
