Los ayuntamientos tienen competencias para establecer oficinas y servicios que bajo la denominación de «Oficinas Municipales de Información a los Consumidores (OMIC)» ejercen como función principal la canalización de las quejas, reclamaciones y denuncias de los consumidores para garantizar que éstas sean atendidas correctamente y remitidas a los organismos correspondientes.
Otras funciones que las leyes atribuyen a las OMIC son las de informar sobre los derechos y deberes de los consumidores y usuarios, la mediación para controlar solución a conflictos derivados del uso y consumo o el fomento del asociacionismo y de las organizaciones de consumidores.
