La Constitución no define, sino que da por supuesto lo que sea una lengua oficial, son embargo, la regulación que hace de la materia permite afirmar que una lengua es oficial, independientemente de su realidad y uso social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos pasivos, con plena validez y efectos jurídicos sin perjuicio de que en ámbitos específicos, como el procesal, y afectos concretos, como evitar la indefensión, las leyes y los tratados internacionales permitan también la utilización de lenguas no oficiales por los que desconozcan las oficiales.
