El delito de destrucción de documento público por el funcionario cuya custodia, por razón de su cargo, tenga encomendada afecta no a cualquier tipo de papel sino sólo a documentos de carácter público, o bien a documentos privados que han de tener efectos respecto de la actividad pública, requiriéndose que el documento tenga cierta trascendencia para el correcto funcionamiento de la Administración, quedando excluidos los documentos sin trascendencia para el tráfico ordinario administrativo o para la función desempeñada por el empleado público, cuya custodia le estaba encomendada. El formato en que se encuentren esos documentos no afecta al alcance del delito pues, de acuerdo con el art. 26 C.P. «se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica».
