El segundo apartado del art. 417 C.P. establece que «si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años». En este caso el objeto de la revelación debe ser el secreto de un particular, supuesto en el que no se menciona la información-, cuyo conocimiento ostenta de forma lícita el funcionario en virtud de una relación de confianza, como depositario o custodio necesario de la intimidad ajena.
