El artículo 30.4 de la Constitución utiliza el término ciudadanos sin entrar en detalle si se refiere a ciudadanos españoles o además ciudadanos de los estados de la Unión Europea o residentes en el territorio nacional. Sin embargo, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil establece que los ciudadanos y las personas jurídicas -y no solo los ciudadanos españoles-, están sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento de la autoridad competente.
