Los interesados pueden comparecer y actuar en el procedimiento por sí mismos o a través de un representante, ahora bien, deberán hacerlo en esta última forma cuando se trate de personas jurídicas y de acuerdo con sus estatutos o normas internas. Sin embargo, no rige en el procedimiento administrativo el formalismo propio de los procesos judiciales. Por eso, el representante puede ser cualquier persona con capacidad de obrar (no se necesita representación por medio de abogado o procurador, aunque también es posible), siempre que quede claro a la Administración que ejerce tal representación (art. 5.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
