La Constitución española de 1812 estableció en su articulo 11 la obligación de hacer una «división más racional del territorio nacional». En cumplimiento de esta previsión se dictó el Decreto de las Cortes de 27 de enero de 1822 por el que se dividió el territorio nacional en cuarenta y dos provincias. Sin embargo, la crisis de la Constitución de Cádiz provocó la inoperancia de esta división, y así, poco después, por Decreto del Gobierno, se aprobó el 30 de noviembre de 1933 la división provincial definitiva establecida por el Secretario de Estado de Fomento Javier de Burgos, basada en los planteamientos de Nuevo Régimen, pero tomando como base la antigua división en reinos de España. Esta nueva división provincial, es la que sigue hoy vigente modificada tan solo por el Decreto-Ley de 21 de septiembre de 1927 que dividió la antigua provincia de Canarias en las de Tenerife y Gran Canaria.
