Que los ciudadanos puedan predecir las consecuencias jurídicas que se derivan de un determinado acto, se establece en el principio de:

El principio de seguridad jurídica básicamente se traduce en la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del derecho. En definitiva, que ante casos semejantes, la respuesta jurídica será igual de semejante.