La prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los diputados electos contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad se denomina inmunidad. Así como la inviolabilidad tiene el mismo alcance para Diputados autonómicos y miembros de las Cortes Generales, la inmunidad que a éstos les reconoce el artículo 71.2 de la Constitución, con arreglo al cual durante el período de su mandato los Diputados y Senadores sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva, llega mucho más debitada a los Diputados autonómicos, los cuales también, salvo caso de flagrante delito, tampoco pueden ser durante su mandato detenidos por actos delictivos.
