El artículo 102 de la Constitución se refiere únicamente a la responsabilidad criminal del Presidente y demás miembros del Gobierno y no alude para nada a la responsabilidad civil en que puedan incurrir los mismos, como consecuencia, la responsabilidad civil del Presidente y demás miembros del Gobierno, que no guarde relación con la comisión de hechos delictivos, deberá exigirse ante los Tribunales ordinarios en cada caso competentes.
