El cumplimiento del deber solo podría imponerse coactivamente si el Estado pudiese ofrecer los medios para hacerlo, y es claro que no dispone de esta posibilidad. En tal caso, el Estado debería de disponer de los puestos de trabajo necesarios para obligar a trabajar a todos los que están en edad y condiciones de hacerlo, además, tampoco podría, aunque dispusiera de ellos, obligar a nadie a ocuparlos, pues junto con el deber de trabajar y el derecho al trabajo, la Constitución garantiza el de la libre elección de profesión u oficio y, más generalmente, el derecho al libre desarrollo de la profesionalidad.
