La titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva se reconoce, sin duda alguna, a todas las personas tanto jurídicas, como físicas con independencia de su nacionalidad, es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva lo ostentan tanto los nacionales como los extranjeros, lo cual no implica necesariamente la inconstitucionalidad de toda diferencia de trato en las facultades procesales conferidas a nacionales y extranjeros, como, por ejemplo, la exclusión de estos últimos de la titularidad de la acción popular o la exigencia en ciertos casos de una caución de arraigo en juicio.
