El derecho a la educación es un derecho social de prestación por el que los poderes públicos están obligados a organizar un sistema educativo esencialmente estructurado como un servicio público. Se considera como un derecho que vincula a todos los poderes públicos, sobre el que «cualquier ciudadano podrá recabar la tutela ante Tribunales ordinarios y en su caso, a través del recurso de amparo, ante le Tribunal Constitucional» (art. 53.1).
