Los principios de menor onerosidad y de proporcionalidad son principios interrelacionados que informan los procedimientos de ejecución forzosa (arts. 100 y ss. de la citada Ley 39/2015) y, en general, la actividad limitadora de derechos del ciudadano. El principio de menor onerosidad obliga a la Administración a intentar vencer la resistencia del interesado sujeto al cumplimiento del acto antes de emprender por ella misma la ejecución forzosa: de ahí la necesidad del previo apercibimiento. El principio de proporcionalidad exige que los medios utilizados por la Administración para ejecutar forzosamente sus actos deben guardar la debida adecuación con los objetivos que se deben alcanzar para el cumplimiento del acto, sin procurar al destinatario mayores perjuicios e inconvenientes que los precisos para la estricta ejecución del acto.
